Conforme se aproximan los comicios generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) afronta denuncias por parte de la oposición sobre una supuesta planificación de fraude electoral con el fin de conservar el poder. Los grupos políticos contrarios, entre ellos el Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras, han manifestado inquietudes sobre la claridad del proceso electoral.
Los líderes de estos espacios señalan un creciente rechazo ciudadano hacia LIBRE, el desgaste de su imagen pública y la impopularidad de su candidata, Rixi Moncada. Además, han denunciado maniobras que sugieren un posible fraude, como el control parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), el inflado de votos en las elecciones primarias de marzo, la depuración selectiva de las Fuerzas Armadas y las amenazas a medios críticos. También se menciona el uso de campañas masivas de propaganda estatal y el uso de subsidios y recursos públicos para cooptar votantes en zonas vulnerables.
Acusaciones de fraude y temores de la oposición
Las afirmaciones de los opositores comprenden imputaciones sobre la alteración de los resultados de las elecciones, la utilización del sistema judicial o el hostigamiento a candidatos contrincantes y miembros del CNE, la presencia militar durante la jornada electoral y la limitación de la libertad de prensa junto con una censura digital extensiva antes del día de las elecciones. También existe el temor de que se anuncie de manera anticipada un estado de excepción frente a potenciales manifestaciones civiles, así como la posibilidad de que el gobierno intente invalidar los resultados de las elecciones, cancelar mesas específicas estratégicamente o interrumpir el proceso electoral bajo pretextos de orden público o seguridad nacional.
Solicitud de seguridades y monitoreo internacional
Frente a esta situación, los partidos opositores han demandado la intervención temprana y proactiva de observadores de la OEA, la UE y otras entidades multilaterales, una revisión externa del sistema de cómputo electoral, así como compromisos públicos del CNE para asegurar la transparencia, igualdad de condiciones y responsabilidad. Asimismo, han instado a la ciudadanía a movilizarse de manera pacífica para proteger el sufragio y supervisar el proceso desde la base.
El informe de un posible engaño ha incrementado la tensión política y amenazado la estabilidad democrática del país. La población mira con desconfianza un proceso en el que el órgano electoral es considerado parcial, y donde el gobierno se muestra más interesado en mantener el poder que en respetar la voluntad del pueblo. Hay inquietud de que Honduras enfrente una crisis después de las elecciones, con repercusiones para la gobernabilidad, la economía y la armonía social.
