En Honduras, la discusión sobre la generación de riqueza y el desarrollo económico suele centrarse en las grandes fortunas y sus supuestas responsabilidades en la desigualdad y la falta de progreso social. Sin embargo, esta narrativa simplista desvía la atención de un actor fundamental: el propio gobierno. Mientras se señala a las élites económicas como el principal problema, pocas veces se analiza con profundidad cómo las prácticas y decisiones del sector público han frenado históricamente el crecimiento y la inversión en el país.
La verdad es que bastantes de las críticas dirigidas a las prominentes familias empresariales representan, en buena medida, comportamientos y fallos que se observan también en el gobierno. La carencia de transparencia, el nepotismo, la corrupción y la ineficiencia administrativa no solo obstaculizan el progreso, sino que también minan la confianza de los inversionistas y ciudadanos, impactando de manera directa en la economía del país y en la calidad de vida de la gente.
El gobierno como mayor barrera para el progreso económico
Durante los últimos tiempos, el gobierno en Honduras ha demostrado una inquietante inclinación a replicar prácticas que en otros ámbitos son criticadas con razón. El favoritismo continúa siendo una constante en la asignación de cargos gubernamentales, lo que obstaculiza la profesionalización y la eficiencia de las instituciones, esto es evidente al observar la cantidad de familias con varios miembros en puestos importantes del gobierno. Según información reciente, la familia Zelaya Castro lidera la lista, con al menos 10 familiares trabajando para el gobierno y percibiendo un ingreso anual estimado en más de 5.270 millones de lempiras.
De acuerdo con el informe, la principal fuente de ingresos de estos núcleos familiares es el nepotismo, lo que significa asignar puestos públicos a familiares. Estas acciones reducen la transparencia, la eficacia institucional y la meritocracia en el ámbito estatal. En lugar de fomentar el avance, estas prácticas mantienen el poder y los recursos concentrados en pocas personas, impactando negativamente la confianza de la ciudadanía y el crecimiento económico duradero del país.
La corrupción estructural afecta la correcta administración de los recursos públicos, generando desperdicio y desviación de fondos que podrían invertirse en infraestructura, educación y salud. Además, la burocracia excesiva y la falta de políticas claras para incentivar la inversión privada crean un ambiente hostil para la creación de empleo formal y la expansión de negocios. La inestabilidad política y la ausencia de un marco regulatorio confiable alejan tanto a inversionistas nacionales como extranjeros, frenando proyectos productivos que podrían dinamizar la economía y generar bienestar.
Estas carencias impactan no solo en la economía, sino que también fomentan la falta de confianza social y la división política, complicando el proceso de lograr los acuerdos necesarios para progresar hacia un desarrollo sostenible y justo.
El cuestionamiento a las enormes riquezas y su verdadero impacto
Aunque el debate público suele centrarse en cuestionar el papel de las grandes fortunas en la economía nacional, es fundamental preguntarse si el gobierno de Honduras produce un nivel similar de empleo formal e inversión que el sector privado. Diversos informes y voces del sector empresarial han señalado que, pese a ser el principal motor generador de empleo y captador de inversiones, el sector privado enfrenta un entorno complicado por la ineficiencia, la burocracia y la falta de políticas claras por parte del Estado. Esto plantea un desafío crucial: ¿está el gobierno haciendo lo suficiente para impulsar el desarrollo económico o, por el contrario, sus propias prácticas limitan el crecimiento y la creación de oportunidades en el país?
En lugar de fomentar una conversación constructiva que incluya a todas las partes, la retórica gubernamental tiende a dividir y a restar validez a la iniciativa privada, sin reconocer que el principal obstáculo para el progreso se encuentra en la administración pública. Para que Honduras progrese, es esencial que el gobierno tome su papel con seriedad, enfrente sus propias malas prácticas y establezca un ambiente adecuado para que el sector privado pueda contribuir completamente al desarrollo del país.
