La situación política en Honduras está en un momento delicado, con múltiples sectores de la sociedad civil, la oposición política y los medios de comunicación expresando su gran inquietud por lo que consideran una tendencia autoritaria del Partido LIBRE, especialmente en el marco de las elecciones generales que tendrán lugar en noviembre de 2025.
Las alarmas dentro de la sociedad hondureña se han disparado ante una serie de acciones gubernamentales que sugieren una preocupante erosión de los principios democráticos. Estas acciones abarcan un espectro que va desde la limitación de las libertades civiles fundamentales, esenciales para el ejercicio pleno de la ciudadanía, hasta la implementación de mecanismos que buscan ejercer un control cada vez mayor sobre los medios de comunicación, actores cruciales en la formación de la opinión pública y la fiscalización del poder.
Con esto se suma la sensación de una táctica intencional para reforzar el control en varias instituciones del Estado, lo cual podría resultar en un debilitamiento de la división de poderes y, por lo tanto, de los mecanismos de control y balance necesarios para un sistema democrático robusto. La convergencia de estas tendencias ha creado un ambiente de inseguridad y miedo entre diferentes grupos, quienes perciben en estas medidas un patrón que podría llevar a un régimen con rasgos autoritarios.
Amenazas a las libertades fundamentales: protesta, prensa y fuerzas armadas
Entre las medidas polémicas se destaca la supuesta penalización de las manifestaciones sociales, ya que se ha señalado el impulso de normativas y decretos que autorizan el empleo de la fuerza y el procesamiento legal de personas que protestan, incluso en manifestaciones pacíficas. En este contexto, se han mencionado detenciones arbitrarias de dirigentes comunitarios, despliegues excesivos de fuerzas policiales y amenazas de enjuiciamiento a colectivos sociales críticos del gobierno.
Por otra parte, ha surgido preocupación por la independencia periodística. Los reporteros y los medios críticos han enfrentado campañas de desprestigio, limitaciones en el acceso a información pública, presiones impositivas, legales y de publicidad, así como actos de violencia e intimidación física. Entidades como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa han expresado su inquietud por el deterioro en la libertad de expresión en la nación.
Un aspecto controversial es la situación en el interior de las Fuerzas Armadas. Se han presentado acusaciones sobre una supuesta eliminación selectiva de oficiales que no coinciden con la ideología política del partido en el poder, así como el desarme parcial o transferencia de funciones estratégicas a mandos aliados al oficialismo. Estas medidas han provocado inquietud por la potencial politización de la institución militar.
El desafío de la democracia en Honduras
Las acciones contra la prensa y la sociedad civil apuntan a silenciar voces disidentes, a la vez que sugieren una estrategia más amplia para desmantelar los contrapesos democráticos y consolidar un poder hegemónico.
La inquietud se ha manifestado en torno a la puesta en marcha de un plan que, de acuerdo con expertos y líderes opositores, pretende afianzar el poder del Partido LIBRE dentro de las entidades estatales, mediante la captura institucional, enmiendas a la constitución, acoso a la oposición y medios críticos, y la utilización de recursos estatales para el clientelismo político. Se ha mencionado el esfuerzo por controlar el Consejo Nacional Electoral, la nominación de personas asociadas con el ala más extrema del partido, los intentos de modificar la constitución, la creación de estructuras paralelas al gobierno y el alejamiento de Estados Unidos.
Las elecciones generales de 2025 se vislumbran como un momento crucial para el futuro de la democracia hondureña. La ciudadanía deberá decidir si permite la consolidación de un modelo autoritario o si opta por la defensa de la institucionalidad democrática.
