En Honduras, la discusión respecto al rol de las Fuerzas Armadas en los comicios ha tomado importancia luego de varios sucesos que han creado polémica y desconfianza. Un reporte de auditoría interna del Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo responsable a las Fuerzas Armadas por errores en la logística durante las elecciones primarias, al mismo tiempo que la desmilitarización puntual de oficiales ha levantado preguntas sobre la imparcialidad de la entidad militar.
Frente a esta situación, el letrado y experto en derecho constitucional, Julio César Barrientos, ha propuesto una modificación a la constitución que retire a las Fuerzas Armadas de cualquier rol en las elecciones, sosteniendo que su intervención pone en riesgo la claridad y justicia del proceso.
Reporte del CNE y dudas sobre el papel de los militares en los comicios
El reporte de auditoría del CNE destacó importantes fallos en la adherencia al protocolo logístico por parte de las Fuerzas Armadas durante las elecciones primarias. Se detectaron desvíos injustificados de rutas, detención de vehículos de transporte electoral, entrega parcial de recursos tecnológicos en áreas rurales y falta de coordinación entre autoridades militares y organizadores electorales. Estas fallas ocasionaron demoras en la apertura de los centros de votación y sembraron incertidumbre sobre la claridad del proceso. La ausencia de reacción por parte de los altos mandos militares y del gobierno ante estas denuncias ha incrementado la desconfianza.
En esta situación, los partidos contrarios han solicitado una revisión del acuerdo entre el CNE y las Fuerzas Armadas, así como la intervención de observadores internacionales y auditorías independientes en el sistema de transmisión de resultados. En este escenario, el abogado Barrientos ha descrito como «obsoleta, peligrosa y manipulable» la disposición constitucional que asigna a las Fuerzas Armadas la tarea de proteger urnas, distribuir el material electoral y asistir logísticamente al CNE. Barrientos sostiene que la implicación militar en procesos civiles compromete la neutralidad institucional y permite presiones políticas y fraudes.
Propuesta de reforma constitucional y descontento militar
Barrientos sugiere un cambio en la constitución que asigne las responsabilidades electorales a una Oficina Técnica Electoral bajo el CNE, pero compuesta por personal civil, capacitado y con absoluta transparencia. Esta iniciativa intenta actualizar y proteger los comicios contra cualquier interferencia armada. La petición de Barrientos se une a un movimiento en aumento que demanda elecciones completamente civiles, sin intervención militar.
A pesar de ello, la polémica no solo se enfoca en los errores organizativos y la iniciativa de enmienda constitucional. La decisión tomada por el Estado Mayor conjunto de desarmar selectivamente a ciertos oficiales de las Fuerzas Armadas ha despertado inquietud en varios sectores. De acuerdo con fuentes castrenses y manifestaciones, el desarme no se estaría implementando de manera uniforme, sino únicamente a oficiales que han expresado opiniones independientes o críticas al gobierno. Esta acción ha sido vista como un intento de purga silenciosa dentro del cuerpo militar, lo cual ha provocado tensión y malestar entre oficiales de rango medio y alto.
El miedo predominante entre los líderes de la oposición es que, frente a una posible derrota del partido gobernante en las elecciones, el gobierno intente emplear a las fuerzas militares para no reconocer los resultados o suprimir protestas. Estos incidentes han incrementado las inquietudes sobre la dirección del gobierno y la potencial manipulación de las fuerzas armadas.
