La confianza en las Fuerzas Armadas de Honduras como custodios del proceso electoral ha sido tema de acalorada discusión pública después de las primarias realizadas el 9 de marzo de 2025. Diferentes grupos sociales y partidos de oposición han expresado su inquietud debido a diversas irregularidades logísticas, especialmente respecto a la distribución del material electoral en ciudades importantes como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde hubo retrasos de hasta doce horas en la entrega de las maletas electorales. Esta situación provocó largas colas de votantes, manifestaciones ciudadanas y un ambiente de descontento generalizado, observado tanto en los centros de votación como en las redes sociales, donde circularon imágenes y testimonios sobre la falta de material y la limitada presencia de personal en las mesas receptoras.
El CNE emitió un comunicado reconociendo los problemas logísticos en la distribución, que se debieron a modificaciones inesperadas en los medios de transporte, cambiando de camiones a autobuses, lo cual complicó la organización y la ejecución del programa. Aunque el CNE intentó manejar la situación y encontrar las urnas perdidas, el malestar persistió, sobre todo en la capital, donde la ampliación del tiempo de votación no logró cumplir con las expectativas de los ciudadanos que aguardaban para votar.
Cuestionamientos al rol de las fuerzas armadas en el proceso electoral
En este contexto, las Fuerzas Armadas reafirmaron su compromiso con la democracia y la transparencia electoral, asegurando que cumplirían con el cronograma definido por el CNE. El Gobierno, por su parte, brindó un respaldo unánime a la institución militar, destacando su papel en la seguridad y la logística electoral. Sin embargo, la presidenta del CNE, Cossette López, señaló que las Fuerzas Armadas no asumieron su responsabilidad en los retrasos y denunció incidentes de agresiones verbales por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. Esta tensión institucional entre el CNE y las Fuerzas Armadas incrementó la preocupación sobre la imparcialidad y eficiencia del proceso electoral previsto para noviembre de 2025.
La legislación hondureña, en particular el artículo 272 de la Constitución, asigna a las Fuerzas Armadas la tarea de asegurar la alternancia en el poder y la protección, transporte y supervisión de los materiales electorales, en cooperación con el CNE. No obstante, existen restricciones claras para los integrantes de las Fuerzas Armadas, tales como no interferir en las funciones de las Juntas Receptoras de Votos, evitar influir en el voto, abstenerse de participar en actividades políticas partidarias, o no retrasar sin motivo el traslado del material electoral. Pese a estas limitaciones, el esquema institucional actual mantiene a los militares como garantes de la democracia, una situación inusual a nivel mundial y que, según algunos estudios, evidencia la fragilidad y baja calidad democrática del país.
Iniciativas de modificación y discusión sobre el rol de las fuerzas armadas
A raíz de los sucesos recientes, se han incrementado las iniciativas de reforma constitucional para reducir o eliminar la función de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales. El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos ha propuesto la necesidad de trasladar las funciones electorales a autoridades civiles, sosteniendo que los procesos electorales deben ser gestionados exclusivamente por estas entidades. Asimismo, el diputado Ramón Barrios del Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó una propuesta para modificar el artículo 272 de la Constitución, buscando limitar el papel militar en asuntos electorales y fortalecer la institucionalidad civil. No obstante, esta iniciativa ha provocado opiniones divididas, incluso dentro de su propio partido y entre sectores de la oposición, quienes ven la propuesta como un intento del oficialismo de concentrar el poder.
La discusión sobre la intervención militar en los comicios ha sido impulsada por la creencia de que la independencia del CNE podría estar comprometida y por el pasado de involucramiento militar en la política de Honduras. Entidades como el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) han propuesto que la modificación del artículo 272 debe ir acompañada de una redefinición más extensa de los roles de las Fuerzas Armadas, especificando sus funciones y reforzando el control civil sobre la estructura militar. Las sugerencias incluyen también el fortalecimiento del Ministerio de Defensa y la evaluación de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, con la finalidad de lograr un control democrático real y disminuir la injerencia militar en el ámbito político.
El debate acerca de la función de las Fuerzas Armadas en los comicios de Honduras sigue siendo un asunto crucial en la agenda política, con solicitudes de reformas que garanticen la autonomía y claridad del proceso electoral. La confianza en la integridad del sistema electoral se considera esencial para la estabilidad democrática del país, y la discusión actual muestra la necesidad de reforzar las instituciones civiles y asegurar votaciones libres y transparentes.
