La divulgación reciente sobre la falta de medidas por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ante quejas relacionadas con supuestas irregularidades en la financiera Koriun ha desatado un gran debate público en Honduras. El reconocimiento del presidente de la CNBS, Marcio Sierra, sobre la ausencia de acción institucional ante alertas oficiales, ha causado enojo entre los afectados y ha cuestionado la eficiencia de los sistemas de supervisión financiera en el país.
El asunto Koriun, que afecta a más de 35.000 individuos damnificados, ha puesto de manifiesto la urgencia de reforzar los controles regulatorios y de pedir cuentas a las autoridades pertinentes. Esta circunstancia ha impulsado a grupos sociales, asociaciones civiles y miembros del sistema bancario a investigar los hechos y prevenir que se repitan casos similares en el futuro.
Falta de acción de las instituciones y demandas de los perjudicados
Durante una aparición pública, el encargado de la CNBS admitió que la entidad recibió al menos dos quejas formales acerca de Koriun, pero no procedió a investigar ni a prevenir los riesgos de manera rápida. Esta afirmación provocó una serie de reacciones en plataformas sociales y espacios de discusión ciudadana, donde los afectados expresaron su descontento por la apatía gubernamental y demandaron explicaciones concretas. Las víctimas, muchas de las cuales perdieron sus ahorros y propiedades, culpan a la CNBS de grave negligencia y falta de cumplimiento de sus obligaciones institucionales, indicando que las alertas fueron ignoradas de manera intencionada.
El escándalo ha reavivado el debate sobre la efectividad de los sistemas de alerta temprana y supervisión financiera en Honduras, así como sobre la posibilidad de complicidades o temores políticos que habrían impedido una intervención oportuna. Organizaciones de consumidores y analistas han cuestionado cómo una estructura señalada como piramidal pudo operar durante tanto tiempo sin controles efectivos, pese a la existencia de denuncias formales.
En respuesta, diputados de oposición anunciaron la presentación de una moción para investigar el papel de la CNBS en el caso Koriun y citar a su presidente para una interpelación formal. Abogados constitucionalistas han advertido que la admisión de inacción podría constituir un delito de omisión en el ejercicio de la función pública, dada la obligación legal de actuar ante señales de actividad financiera fraudulenta.
Organizaciones civiles han solicitado la intervención inmediata del Ministerio Público, la realización de una auditoría independiente sobre las acciones de la CNBS y la creación de un fondo especial para compensar a las víctimas, utilizando recursos incautados a los responsables directos del fraude. Asimismo, se ha pedido el respaldo de organismos internacionales para proteger los derechos de los afectados y evitar la impunidad.
Situación del sector bancario y llamada a la prevención
Dada la creciente inquietud de la población, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) junto con las entidades bancarias que operan de manera legal en el país han dejado claro que no tienen ningún tipo de relación con la financiera Koriun. Según los representantes del sector bancario, Koriun no ha sido objeto de supervisión por la CNBS y tampoco está integrada en el sistema bancario regulado, lo que implica que los bancos no han manejado fondos ni han tenido vínculos comerciales con esta entidad.
Koriun se presentó en redes sociales como una plataforma de inversión que ofrecía altos rendimientos, sin contar con respaldo legal ni mecanismos de supervisión. Actualmente, es señalada como una estructura piramidal que habría captado ilegalmente millones de lempiras, afectando a decenas de miles de hondureños.
El sistema financiero de Honduras ha reafirmado su dedicación a la transparencia, la legalidad y a salvaguardar los ahorros del público. También ha instado a la ciudadanía a que siempre confirme que las entidades financieras estén adecuadamente supervisadas por la CNBS antes de tomar decisiones de inversión, y a evitar ser engañados por promesas de enriquecimiento rápido sin garantías.
Finalmente, tanto AHIBA como los bancos miembros han instado a las autoridades competentes a investigar a fondo el caso, sancionar a los responsables y desarrollar campañas de prevención para evitar futuras estafas, subrayando la solidez y confiabilidad del sistema bancario formal hondureño.
