El escándalo por la estafa piramidal de Koriun Inversiones, que ha afectado a más de 35.000 personas en Honduras, ha escalado al centro del debate político tras la aparición de cuestionamientos hacia figuras cercanas al círculo de poder presidencial. En particular, las críticas se han centrado en el llamado “familión Zelaya”, término con el que sectores opositores y organizaciones ciudadanas aluden a funcionarios con vínculos familiares o políticos con la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya.
Aunque el Ministerio Público ha comenzado procesos judiciales y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ha tomado medidas como el bloqueo de cuentas y algunas detenciones, sigue existiendo una gran incertidumbre en torno a la claridad y el alcance verdadero de las indagaciones. La ausencia de información oficial específica sobre de qué manera se permitió que el esquema fraudulento operara durante tanto tiempo ha generado nuevas dudas sobre las instituciones responsables de la supervisión financiera y la administración de justicia.
Denuncias contra empleados por conexiones políticas
Dentro de los nombres mencionados en la discusión pública están Héctor Zelaya, el secretario privado de la Presidencia e hijo del antiguo presidente Zelaya, así como el fiscal general Johel Zelaya. Ambos han desempeñado roles estratégicos desde el comienzo del presente gobierno y, según diversas opiniones críticas, podrían contar con la capacidad de influir en los procesos institucionales vinculados con el caso Koriun.
Estas alegaciones surgen en un entorno caracterizado por la división y la desconfianza creciente hacia las entidades estatales. A pesar de que no hay evidencia pública que relacione directamente a los funcionarios mencionados con el fraude, las críticas se dirigen a la posible carencia de imparcialidad en sus acciones y a la gestión arbitraria de sus deberes legales.
Inquietudes acerca de la conducta institucional
La CNBS se ha destacado como una de las entidades más criticadas por su reacción demorada ante el esquema fraudulento, que consiguió desplazar al menos 428 millones de lempiras antes de ser detenido. La comisión apoyó la declaración oficial de compensar a los perjudicados, pero no presentó un informe técnico o legal para detallar las condiciones de este procedimiento ni las razones del fallo en los controles preventivos.
Por su parte, el Ministerio Público, encabezado por Johel Zelaya, ha logrado la recuperación de algunos fondos. Sin embargo, los avances de la investigación siguen sin estar acompañados de una comunicación clara y pública que disipe las dudas sobre el papel de funcionarios estatales en la omisión o posible encubrimiento de irregularidades.
Requerimientos de claridad y supervisión autónoma
Diversos colectivos de la sociedad civil, expertos y figuras políticas han instado a conformar un comité independiente, ya sea nacional o con respaldo internacional, que investigue de manera autónoma los hechos y posibles conexiones entre los autores del fraude y servidores públicos. Las exigencias abarcan la difusión de un informe exhaustivo que aclare los métodos operativos del engaño, la identificación de fallos en los controles financieros y la rendición de cuentas de toda persona involucrada, sin exclusiones por lazos familiares o proximidad política.
En diferentes foros ciudadanos se ha señalado que la gestión del caso Koriun podría convertirse en un momento crucial para la confianza institucional del país. «Si el Estado da prioridad a las recompensas políticas sobre la justicia, el daño a la credibilidad institucional es irreparable», se declaró en un reciente encuentro sobre transparencia y combate a la corrupción.
Una crisis que va más allá de lo financiero
A dos meses de haberse desatado el incidente, los efectos ya no se circunscriben al ámbito económico. La creencia de que algunas personas influyentes pudieran estar siendo resguardadas frente a eventuales responsabilidades jurídicas ha intensificado el escepticismo entre la población y ha reavivado discusiones sobre el empleo político de las entidades.
El desarrollo de este proceso, la respuesta del gobierno y la conducta de los organismos autónomos marcarán no solo el destino judicial del caso, sino también el nivel de confianza que los hondureños depositen en sus autoridades en un contexto de fragilidad institucional y alta polarización. La exigencia central, de momento, apunta a una investigación sin interferencias y con garantías de rendición de cuentas, como condición mínima para preservar la legitimidad del Estado de derecho.
