El debate acerca de la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha suscitado un acalorado intercambio de opiniones entre el sector privado, asociaciones empresariales y las autoridades del gobierno. La propuesta de reforma fiscal, promovida por la administración actual, ha sido vista por líderes empresariales como un riesgo directo para la estabilidad laboral y la continuidad de numerosas empresas en el país. La principal inquietud se centra en la eliminación de beneficios fiscales que han sido esenciales para el crecimiento de sectores como el de la maquila, la agroexportación, el turismo y la construcción, lo cual, según los empresarios, podría provocar una serie de cierres y despidos numerosos, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas.
La reforma anticipada no se circunscribe únicamente al sector empresarial, sino que también se extiende a la economía de los hogares y al tejido social en Honduras. Expertos y dirigentes sectoriales alertan que la disminución de la actividad económica y la posible partida de compañías podrían llevar a un incremento del desempleo estructural, un auge de la economía sumergida, un éxodo forzado y un desplome del consumo interno. Esta coyuntura se intensifica debido a la situación actual del país, donde más de un millón de personas están en busca de empleo decente y la informalidad laboral afecta a una proporción considerable de la población.
Consecuencias de quitar los beneficios fiscales y el peligro para el trabajo
La normativa de Justicia Fiscal prevé la eliminación de los esquemas de exoneraciones y exenciones tributarias, impactando a más de diez áreas productivas, entre las que se encuentran zonas francas, turismo, energías alternativas y manufactura. Según cifras proporcionadas por el sector empresarial, actualmente más de 400,000 empleos directos y más de un millón de empleos indirectos dependen de estos esquemas, con un énfasis especial en la cadena de suministro y exportaciones del ámbito agrícola e industrial. La eliminación de estos incentivos podría llevar al cierre de fábricas, talleres, tiendas y granjas tanto en áreas urbanas como rurales, dejando sin trabajo formal a miles de hondureños y aumentando la presión sobre el sector informal.
El estudio realizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) indica que la reforma tributaria tendría un efecto adverso en sectores como el turístico, el manufacturero y el agroindustrial. Por ejemplo, dentro del sector manufacturero se calcula que estarían en peligro 40.000 puestos laborales y más de 733 millones de dólares en ventas al exterior, mientras que en el turismo, la repercusión podría significar la pérdida de miles de empleos tanto directos como indirectos y una reducción considerable en la inversión y los salarios. Adicionalmente, el incremento en los costos de operación, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, haría insostenible su sobrevivencia en el mercado, exacerbando así la problemática de desempleo y subempleo en el país.
Impactos sociales y soluciones alternativas del ámbito privado
El efecto social de la reforma se prevé como irreversible, con el peligro de incrementar la pobreza, la migración forzada y la desconfianza tanto a nivel nacional como internacional. El aumento del sector informal y la disminución de empleos formales con beneficios de seguridad social podrían empeorar la calidad de vida y los ingresos fiscales, impactando a toda la sociedad hondureña. La inquietud de los empresarios se enfoca en el impacto en cadena sobre la estabilidad social, señalando que la eliminación de oportunidades laborales podría empobrecer aún más al país.
Frente a esta situación, el ámbito privado ha planteado soluciones, como bajar el Impuesto sobre Ventas (ISV) del 15 % al 12 %, buscando aumentar el dinero disponible para los hondureños, fomentar la economía y crear trabajo. También proponen que en vez de quitar incentivos de manera general, se lleven a cabo controles y auditorías a las empresas exentas de impuestos que cometan irregularidades, utilizando las competencias que ya permite la ley actual. La comunidad empresarial destaca la importancia de un diálogo y consulta con todos los sectores productivos antes de llevar a cabo una reforma que podría impactar de manera irreversible en el crecimiento económico y social del país.
La discusión acerca de la Ley de Equidad Fiscal sigue siendo acalorada, con demandas inmediatas al Congreso Nacional para que examine minuciosamente el texto de la ley y evite resoluciones que puedan agravar los problemas estructurales de Honduras, como el desempleo, la pobreza y la migración.
