El establecimiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), uno de los compromisos más importantes de campaña de la presidenta Xiomara Castro, se ha postergado otra vez tras la quinta renovación del acuerdo con Naciones Unidas. El anuncio, efectuado esta semana, coincide con la ausencia de progresos en el Congreso Nacional para aprobar reformas constitucionales vitales para que el mecanismo anticorrupción funcione adecuadamente.
El estancamiento ha generado nuevamente críticas desde diversos segmentos de la sociedad civil y de la comunidad internacional, quienes ven la tardanza como una muestra de la falta de compromiso del gobierno en la batalla contra la impunidad. La ausencia de acuerdos legislativos, especialmente sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria, obstaculiza la implementación efectiva de la CICIH, a pesar de que se entregó un segundo borrador formal a la ONU en septiembre de 2024.
Respuestas sociales e institucionales
El Poder Ejecutivo ha manifestado repetidamente su voluntad de crear la comisión, mencionando progresos en las conversaciones con Naciones Unidas. Sin embargo, para que se lleve a cabo, se requieren cambios legales y constitucionales que el Congreso debe aprobar, donde no se ha conseguido el apoyo necesario.
Ante la reciente extensión, importantes sectores han manifestado su descontento con la gestión del procedimiento. Una legisladora del Partido Nacional describió la extensión como «una traición al pueblo que confiaba en la promesa de justicia», mostrando el desagrado dentro de la oposición política. Por otro lado, entidades como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Transparencia Internacional y el Colegio de Abogados han instado a superar el estancamiento institucional que frena el progreso del proyecto.
Obstáculos políticos y desgaste público
El proceso para instalar la CICIH enfrenta múltiples obstáculos en el plano político. Entre ellos destacan las reformas estructurales que implicaría la supresión de protecciones legislativas consideradas por actores sociales como un obstáculo para el combate efectivo a la corrupción. La falta de voluntad política en el Congreso ha sido señalada por diversos actores como una de las causas principales del estancamiento.
Han pasado más de dos años desde que comenzó el mandato de Castro, y las organizaciones comunitarias y las redes de ciudadanos han señalado una brecha entre las promesas originales y las acciones implementadas. Estos grupos destacan que el aplazamiento frecuente de decisiones cruciales ha debilitado la confianza en el gobierno y en todo el sistema institucional.
Llamados a acción y presión internacional
El actualizado acuerdo de entendimiento carece de una fecha precisa para que se establezca la CICIH, lo cual, según expertos internacionales, podría perjudicar la reputación del país en temas de colaboración internacional. La sensación de parálisis ha originado dudas entre los observadores externos, lo que podría tener consecuencias negativas para el apoyo financiero y técnico que Honduras obtiene para consolidar su institucionalidad democrática.
En esta situación, varias personas han sugerido que es esencial liberar el proceso aprobando rápidamente las reformas necesarias, lo cual posibilitaría concretar un pacto final con la ONU. Afirman que estas medidas no solo activarían un sistema para combatir la corrupción, sino que también demostrarían un compromiso con la transparencia y la responsabilidad.
Panorama institucional incierto
La prolongación del proceso para instalar la CICIH evidencia las dificultades estructurales que enfrenta Honduras en la construcción de un sistema independiente y eficaz. La persistencia de obstáculos legales, sumada a la falta de consensos políticos, mantiene en suspenso una de las principales iniciativas para enfrentar la impunidad en el país.
El escenario destaca las fricciones entre los acuerdos globales del Gobierno y las dinámicas internas del Congreso, junto con el reto de convertir promesas políticas en reformas estructurales tangibles. Al mismo tiempo, la nación sigue sin contar con un mecanismo internacional que respalde la investigación de casos de gran relevancia, lo cual plantea dudas sobre la viabilidad de los esfuerzos institucionales para enfrentar la corrupción a corto y mediano plazo.
