En medio de una creciente división institucional, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, sugirió la opción de remover a los diputados opositores y crear un parlamento alternativo si continúa el bloqueo a las propuestas del partido en el poder. Durante una sesión en el pleno, estas palabras generaron una fuerte reacción crítica de las fuerzas opositoras y diferentes sectores políticos y legales del país.
Redondo denuncia obstrucción legislativa y advierte sobre acciones excepcionales
Luis Redondo, presidente del Poder Legislativo y miembro del oficialismo, Libertad y Refundación (LIBRE), mostró su descontento ante lo que percibe como un bloqueo continuo por parte de la oposición a las iniciativas promovidas por su grupo. “No es aceptable que una minoría obstaculice la voluntad del pueblo”, afirmó, añadiendo que se implementarán “acciones decisivas” para asegurar el funcionamiento del Congreso.
Durante su discurso, Redondo puso en duda el papel de los grupos opositores al gobierno y propuso que una solución posible podría ser la «depuración» del poder legislativo. Aunque no especificó procedimientos legales o formales, su advertencia contempló la posibilidad de formar un Congreso paralelo si las circunstancias presentes no posibilitan seguir adelante con la agenda parlamentaria del Ejecutivo.
Oposición denuncia intento de concentración de poder
Las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras (PSH) y otros bloques no oficialistas reaccionaron de inmediato, calificando las declaraciones como un intento de “golpe legislativo” orientado a centralizar el poder en favor del Ejecutivo. El diputado Tomás Zambrano acusó a Redondo de actuar con autoritarismo: “Este es un intento desesperado por consolidar un poder absoluto en manos de LIBRE. No vamos a permitirlo”, afirmó.
Con un enfoque similar, el constitucionalista Juan Carlos Barrientos alertó sobre la ilegalidad de establecer una estructura legislativa alternativa, indicando que dicha acción violaría los fundamentos del Estado de derecho. Según su opinión, esto pondría en riesgo los balances institucionales estipulados en la Constitución de Honduras y podría resultar en una crisis institucional significativa.
Conflictos legislativos y pedidos de supervisión internacional
La advertencia de Redondo se une a una serie de eventos recientes que han generado tensiones en el Congreso Nacional. Entre estos, se encuentra la aprobación de leyes sin las actas adecuadas y el empleo de mecanismos legislativos controvertidos, como sesiones convocadas de manera irregular. Uno de los temas más delicados ha sido el impulso de la Ley de Justicia Tributaria, la cual ha sido rechazada por múltiples sectores económicos y políticos debido a su contenido y metodología.
Expertos en política detectan un cambio hacia una táctica confrontativa del gobierno, buscando dejar a la oposición en soledad antes del proceso electoral general. Advierten que esta situación podría llevar a escenarios de inestabilidad institucional, fuera de los cauces legales establecidos por la Constitución.
Ante esta situación, diversos actores políticos y sociales han pedido la intervención o el monitoreo activo de entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y misiones diplomáticas. Un colectivo de abogados manifestó en un comunicado conjunto que lo que está en debate no es solo la aprobación de una ley, sino también la propia existencia de la separación de poderes y del sistema democrático.
Un Congreso en conflicto y el reto para la institucionalidad
Las afirmaciones del líder del Parlamento inician un capítulo novedoso en la complicada interacción entre el partido gobernante y los grupos opositores en Honduras. La advertencia de modificar la estructura del Congreso o crear un órgano paralelo marca un punto decisivo en la convivencia política nacional, con consecuencias que van más allá de lo meramente legislativo.
El conflicto vigente ilustra los desafíos continuos de la gobernanza dentro de un contexto donde las fricciones entre poderes, la debilidad institucional y la polarización afectan el avance de la democracia. En este entorno, la función de los mecanismos de control constitucional y la vigilancia ciudadana se convierten en piezas clave para mantener el equilibrio entre la representación política y el cumplimiento de las normas del Estado de derecho.
