En Honduras, diversas congresistas pertenecientes a diferentes partidos han declarado públicamente una serie de agresiones, maltrato verbal y violencia política de género en el Congreso Nacional. Estas acusaciones reflejan un entorno hostil donde las representantes enfrentan intimidaciones y subestimación debido a su género, sobre todo cuando manifiestan opiniones críticas o intervienen en discusiones legislativas. Estas situaciones han promovido un debate sobre el respeto y la equidad en los espacios de poder, resaltando la persistencia de conductas misóginas y lenguaje agresivo en el parlamento.
Las denuncias también señalan que estas conductas se han intensificado en el marco de discusiones polémicas, como las relacionadas con la Ley de Justicia Tributaria y la reestructuración del Poder Judicial. A pesar de la gravedad de estas situaciones, las autoridades del Congreso no habrían aplicado sanciones disciplinarias contra los responsables, lo que contribuye a la normalización de la violencia política de género. Frente a esta realidad, las diputadas han exigido medidas concretas para garantizar su integridad y el respeto a su labor legislativa.
Ambiente institucional en el Congreso Nacional y violencia política de género
Las legisladoras han expresado que en el Congreso Nacional se replican comportamientos que van desde insultos verbales hasta intentos de agresión física, lo cual evidencia un patrón de violencia política de género. Esta situación impacta la participación total y activa de las mujeres en el proceso legislativo, creando un entorno de intimidación y exclusión.
La violencia política hacia las mujeres se observa principalmente en periodos de fuerte debate, cuando las representantes adoptan posturas críticas contra el gobierno. Esta condición no solo afecta los derechos de las legisladoras, sino que también amenaza la calidad democrática, al restringir la diversidad de voces y perspectivas en el proceso de toma de decisiones. La falta de protocolos concretos para abordar estos casos en el Congreso perpetúa este problema.
Respaldo social e institucional y demandas de las diputadas
Diferentes grupos de la sociedad civil, junto a entidades internacionales como ONU Mujeres y la Red de Legisladoras de América Latina, han manifestado su respaldo a las diputadas afectadas, pidiendo al Estado hondureño asegurar condiciones equitativas y seguras para todas las mujeres en el parlamento. Estas organizaciones han enfatizado la urgencia de establecer sanciones disciplinarias rápidas contra los responsables de actos de violencia política, además de desarrollar protocolos específicos para prevenir y abordar estas situaciones en el entorno legislativo.
Las legisladoras han expresado que continuarán insistiendo en ser atendidas y valoradas, subrayando que su responsabilidad es actuar en nombre de la población y no ser víctimas de hostigamiento o abuso. Entre sus exigencias se destaca la creación de procedimientos definidos para salvaguardar su bienestar, el reconocimiento total a su tarea legislativa y la eliminación de cualquier tipo de violencia política de género en el Congreso Nacional. Estas medidas son vistas como esenciales para consolidar la democracia y asegurar la participación igualitaria de las mujeres en la política de Honduras.
